“Recuperemos nuestros espacios públicos”*

*Este artículo fue publicado en el periódico El Vocero de Puerto Rico en el 2007.

Durante los pasados días un grupo de ciudadanos puertorriqueños, hartos de no ser escuchados en los llamados “foros pertinentes”, decidió tomar la justicia en sus manos y procedieron a remover un portón que limitaba el acceso a la playa de la Comunidad de Ocean Park en San Juan. El suceso provocó un encontronazo (que amenazó con convertirse en motín) entre los manifestantes y miembros de la Policía de Puerto Rico (que fueron movilizados hasta allí para proteger el portón ilegal).

El acto de este grupo de ciudadanos ha sido condenado por muchos sectores y catalogado como un acto de violencia. Sin embargo, la acción de estos ciudadanos no debe ser catalogada como un acto violento, sino como un digno rescate del acceso a un espacio público el cual todos tenemos derecho a usar y disfrutar. De hecho, allí no hubiese habido violencia de no ser por la insistencia de la Policía de Puerto Rico en defender la permanencia del portón ilegal. En efecto, las playas son espacios públicos que todos los ciudadanos deben poder utilizar y disfrutar sin limitación de acceso u horario. El caso de Ocean Park es uno de muchos en nuestro país dónde algún grupo de personas pretende apropiarse de una playa y controlar el acceso a ella. Ahí tenemos los grandes hoteles que pretenden tener sus playas privadas y los millonarios complejos residenciales costeros con sus accesos controlados. ¿Qué tal el caso de Palmas del Mar? ¿Qué me dicen de los “resorts” como el Hotel Paradisus o el West In Río Mar? ¿Podemos todos acceder libremente a las playas de dichos complejos? No lo creo.

Por otra parte, podemos observar que la privatización del espacio público no es un fenómeno exclusivo de nuestras playas. ¿Qué me dicen del espacio público peatonal en nuestra ciudad? Desde hace mucho tiempo las aceras de nuestras avenidas principales han sido invadidas por muchos comerciantes y convertidas en “estacionamiento exclusivo para los clientes” de sus establecimientos. Al igual que en el asunto de las playas, la Junta de Planificación (JP) y la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) han estado por años legitimizando la invasión de nuestros espacios públicos peatonales al otorgar permisos de construcción y de uso a todos estos establecimientos.

De manera absurda el espacio público de la acera es convertido en estacionamiento por los comerciantes y es aceptado en el proceso de permisología como el área de estacionamiento que dicho comercio necesita para poder operar. El peatón, que es quién realmente tiene el derecho al uso y disfrute de dicho espacio, es desplazado y obligado a arriesgar su vida caminando por la carretera. ¿Le parece familiar esta escena? Claro, pues se observa con frecuencia en muchas de nuestras avenidas como la Roosevelt, la Piñero, la Doménech y la De Diego, entre muchas otras. Los mencionados estacionamientos en las aceras no solamente violan el derecho de todo peatón a caminar por ellas, sino que obstruye la accesibilidad de las personas con impedimentos protegida por la Ley ADA.

Es nuestro deber como ciudadanos reclamar estos espacios para el uso de todos. Las soluciones a nivel de diseño existen, todo es cuestión de voluntad. Si deseamos encaminarnos a tener una ciudad más habitable hay que comenzar por rescatar el espacio peatonal y por proveer más y mejores espacios para tal propósito. Las aceras deben ser accesibles y agradables a todos los peatones como primer paso hacia una cultura que fomente la calidad de vida en la ciudad y el uso del transporte colectivo. Al igual que nuestras playas, nuestras aceras no pueden convertirse en propiedad de unos pocos. Ya es hora de remover a los automóviles del espacio provisto para el peatón, así como las barreras arquitectónicas, como postes y rótulos, que en su mayoría han sido instaladas por el propio Estado. A fin de cuentas es derecho de todo ciudadano el uso y disfrute de nuestros espacios públicos. ¡Vamos a exigirlo!